ARMIS

Soluciones Legales para Comunidades

Cámara de Diputados aprueba proyecto que restringe facultades de corte de suministro eléctrico (Pasa a segundo trámite)

Con fecha 5 de agosto de 2020, con 129 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley que modifica la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, para restringir temporalmente la facultad del administrador de suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico a los copropietarios que se encuentren morosos en el pago de gastos comunes, durante la vigencia del estado de catástrofe decretado con ocasión de la pandemia por Covid-19. 

De ser aprobado por la cámara revisora y publicado en su oportunidad, la normativa agregaría el siguiente inciso final en el artículo 5 de la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria: Armis

“Las facultades contenidas en los incisos tercero y cuarto no podrán hacerse efectivas durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Los administradores y los consejos de administración, no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los servicios básicos domiciliarios por la existencia de mora en el pago de los gastos comunes mientras dure la medida, siempre que el deudor dé cuenta de su situación económica desmedrada, mediante documentos que acrediten la disminución de sus ingresos, o ser el deudor beneficiario de las medidas de apoyo económico ante la pandemia dispuestas por la autoridad, y una declaración escrita simple en la que explique las razones que le impiden pagar tales gastos. Lo expuesto sólo será aplicable a las deudas originadas una vez producida la declaración de estado de catástrofe, y hasta diciembre de 2020. No podrá cobrarse multas ni intereses por mora. Sólo se podrá considerar el reajuste de la deuda de acuerdo a la variación experimentada por el índice de precios del consumidor. ARMIS

Esta disposición no obsta la aplicación de otras medidas que la comunidad pueda establecer de consuno y transitoriamente, para efectos de mantener su funcionamiento regular y hacerse cargo de sus obligaciones imprescindibles.”.”.

Para quienes se pregunten si hoy es posible realizar el corte de suministro eléctrico, la respuesta es si, podrá seguirse efectuando el corte en la medida que no se apruebe el proyecto de ley aludido.

Prorroga duración de cargo de Comité de Administración [Ley N° 21.239]

Las comunidades de nuestro país constituyen una “persona jurídica” sin fines de lucro, reguladas por una normativa especial: la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria. 

Con fecha 17 de junio de 2020 se publicó en el diario oficial la ley 21.239, que prorroga “el mandato actualmente vigente de los directorios u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones correspondientes a (…) personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales”.

En términos simples, en la medida que un Comité de Administración cumplió su periodo en estado de emergencia, se entiende prorrogada su permanencia en el Comité hasta 3 meses posteriores a la finalización del estado de emergencia o de sus prorrogas, por tanto, no existiría vencimiento del cargo durante este periodo.

Sin perjuicio de lo indicado por la normativa aludida, los integrantes de Comité continúan teniendo la facultad de renunciar a su cargo, y de la misma forma, la comunidad podría exigir la remoción a través de una asamblea extraordinaria, es decir, la ley 21.239 no mantiene los cargos contra todo evento, sino que solamente los extiende en la medida que estos vencieran durante el periodo de emergencia. 

Indica la normativa que “En todos los casos anteriores se requerirá haber cumplido el período para el cual fueron elegidos durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o en el tiempo en que éste fuere prorrogado, si es el caso; o que lo hayan cumplido en los tres meses anteriores a su declaración.

Los dirigentes de las organizaciones señaladas en el inciso primero continuarán en sus cargos hasta tres meses después que el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o su prórroga, haya finalizado, plazo en el cual se deberá realizar el proceso eleccionario correspondiente.

La prórroga dispuesta en esta ley no tendrá aplicación en aquellos casos en que las organizaciones mencionadas en el inciso primero ya hubiesen elegido nuevos dirigentes durante el tiempo a que se refiere el inciso segundo, y no exista ningún proceso impugnatorio pendiente.”.

(CVE 1776528)

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

LEY NÚM. 21.239

PRORROGA EL MANDATO DE LOS DIRECTORES U ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES QUE INDICA, DEBIDO A LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID-19

 Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, originado en mociones de los Honorables senadores señora Luz Ebensperger Orrego y señor Juan Pablo Letelier Morel; de los Honorables senadores señora Carmen Gloria Aravena Acuña y señores Francisco Chahuán Chahuán, José García Ruminot, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes y David Sandoval Plaza; de los Honorables diputados señoras Daniela Cicardini Milla, Marcela Hernando Pérez, Catalina Pérez Salinas y Joanna Pérez Olea, y señores Fidel Espinoza Sandoval, Marcos Ilabaca Cerda, Luis Rocafull López y Raúl Saldívar Auger; de los Honorables diputados señoras Loreto Carvajal Ambiado, Cristina Girardi Lavín, Carolina Marzán Pinto y Andrea Parra Sauterel, y señores Ricardo Celis Araya, Rodrigo González Torres, Tucapel Jiménez Fuentes y Raúl Soto Mardones; del Honorable diputado señor Pablo Kast Sommerhoff; y de la Honorable diputada señora Camila Flores Oporto, 

Proyecto de ley [Publicación ARMIS Soluciones Legales]:

Artículo único.- Prorrógase el mandato actualmente vigente de los directorios u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones correspondientes a:

a) Las asociaciones y fundaciones constituidas conforme a lo dispuesto en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

b) Las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la ley Nº 19.418.

c) Los directorios a que se refiere el decreto con fuerza de ley Nº 5, promulgado en 1967 y publicado en 1968, del Ministerio de Agricultura, que modifica, complementa y fija el texto refundido del DFL RRA Nº 19, sobre “Comunidades Agrícolas”.

d) Las asociaciones gremiales, regidas por el decreto ley Nº 2.757, de 1979, que establece normas sobre Asociaciones Gremiales, y sus modificaciones posteriores.

e) Las iglesias y organizaciones religiosas reguladas por la ley Nº 19.638, que establece normas sobre la constitución jurídica de iglesias y organizaciones religiosas.

f) Las cooperativas reguladas por la Ley General de Cooperativas, cuyo texto refundido, concordado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 5, promulgado en 2003 y publicado en 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

g) Las asociaciones de consumidores, reguladas por la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

h) Las demás personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales, con excepción de las reguladas en la ley Nº 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

En todos los casos anteriores se requerirá haber cumplido el período para el cual fueron elegidos durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o en el tiempo en que éste fuere prorrogado, si es el caso; o que lo hayan cumplido en los tres meses anteriores a su declaración.

Los dirigentes de las organizaciones señaladas en el inciso primero continuarán en sus cargos hasta tres meses después que el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o su prórroga, haya finalizado, plazo en el cual se deberá realizar el proceso eleccionario correspondiente.

La prórroga dispuesta en esta ley no tendrá aplicación en aquellos casos en que las organizaciones mencionadas en el inciso primero ya hubiesen elegido nuevos dirigentes durante el tiempo a que se refiere el inciso segundo, y no exista ningún proceso impugnatorio pendiente.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 17 de junio de 2020.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Karla Rubilar Barahona, Ministra Secretaria General de Gobierno.- Gonzalo Blumel Mac-Iver, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Claudio Alvarado Andrade, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Lucas Palacios Covarrubias, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.- Antonio Walker Prieto, Ministro de Agricultura.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Emardo Hantelmann Godoy, Subsecretario General de Gobierno.

Proyecto de ley: Asambleas por medios telemáticos o remotos [Boletín 13586-14]

Con fecha 16 de junio se presentó proyecto de ley en moción del diputado Gonzalo Winter, y de la diputada Natalia Castillo, que “Modifica la ley N°19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, para habilitar, durante un estado de excepción constitucional, que las asambleas de copropietarios a que haya lugar, puedan celebrarse por medios telemáticos o remotos”.

Análisis del proyecto

Considerando el contexto, considero fundamental que las comunidades puedan realizar sus asambleas por vías electrónicas. Se ha planteado -erróneamente- que las comunidades podrían realizar asambleas mediante videollamadas incluso en la normativa actual, sin embargo, la ley indica expresamente que “Las sesiones de la asamblea deberán celebrarse en el condominio, salvo que la asamblea o el Comité de Administración acuerden otro lugar, el que deberá estar situado en la misma comuna”, dejando sin espacio a la posibilidad de realizar la asamblea a través de un medio distinto del presencial. 

También se ha planteado la posibilidad de concurrir al Juzgado de Policía Local a fin de obtener la aprobación del tribunal respecto de una asamblea virtual ya realizada, sin embargo, la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria otorga al Magistrado, facultades de “adoptar todas las medidas necesarias para la solución de los conflictos que afecten a los copropietarios derivados de su condición de tales” y en general, resolver contiendas “relativas a la administración del respectivo condominio, para lo cual
estos tribunales estarán investidos de todas las facultades que sean necesarias a fin de resolver esas controversias”, es decir, su actuación se limita a los conflictos generados entre vecinos, pero de ninguna manera pudiendo tomar decisiones que contravengan lo establecido en la ley. Un caso distinto sería el quorum, por cuanto la ley entrega la posibilidad de solicitar al tribunal una disminución de quorum en asambleas que no pudieron constituirse, pero se trata de una facultad directamente otorgada por la propia ley. 

En virtud de lo anterior, se hace urgente la presentación de una modificación de la ley, que en este caso, fue iniciada por los diputados Gonzalo Winter y Natalia Castillo, encontrándose actualmente en proceso de tramitación. 

Proyecto de Ley (Boletín 13586-14]

IMPORTANTE: El Proyecto de ley adjunto no constituye una norma aprobada

“Antecedentes

La emergencia sanitaria que afecta a nuestro país, en el contexto de la pandemia global de COVID-19, ha acelerado diversos procesos de modernización en nuestras formas de trabajo, y en general, en nuestras relaciones jurídicas y sociales; así por ejemplo, para cumplir con las medidas de contención del virus, y mantener las capacidades productivas nacionales, hemos legislado para incorporar el teletrabajo, incluso en la misma labor parlamentaria.
En este sentido, una de las muchas necesidades vinculadas a la pandemia es la de reunirse dando cumplimiento a las medidas de distanciamiento, especialmente cuando resulta imprescindible para tomar decisiones que afectan a cuerpos colectivos, como es el caso de las asambleas de copropietarios. En momentos donde hace falta revisar, por ejemplo, la situación de morosidad de muchas familias respecto de sus gastos comunes, o la necesidad de apoyo a vecinos en condición de riesgo, es imprescindible adaptar la legislación en la materia, de la manera más práctica posible, con el fin de hacer posible que las reuniones de copropietarios se realicen por medios telemáticos, mientras la emergencia persista.

Alcance de la modificación propuesta

I. La modificación propuesta, apunta a resolver la dificultad que se presenta para la realización de asambleas de copropietarios, considerando las restricciones al derecho de reunión y las medidas restrictivas a la libertad ambulatoria que se han impuesto por la catástrofe sanitaria provocada por el Covid-19. En efecto, mientras se mantenga la situación sanitaria, es virtualmente imposible que tales asambleas tengan lugar, ni que se modifiquen los respectivos reglamentos de copropiedad autorizando su realización por medios electrónicos o remotos, en atención a que conforme a la normativa actual, deben ser presenciales, salvo algunas materias de orden menor establecidas en el artículo 17 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que se pueden aprobar por consulta escrita.
II. Considerando lo anterior, la norma tiene un alcance general que permite la realización por medios telemáticos tanto de las asambleas ordinarias como extraordinarias previstas en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria o en los respectivos reglamentos, sin modificar o alterar los quórums que en cada caso se exijan, ni las materias que son atribución de las referidas asambleas. En otras palabras, no envuelve una modificación sustantiva de estas materias, sino únicamente libera de la asistencia presenciales a los copropietarios.
III. En cuanto a las eventuales certificaciones notariales que exigen en algunos casos los reglamentos de copropiedad, la norma tiene también un sentido amplio, permitiendo que el ministro de fe certifique el soporte en que consta dicha asamblea, sin pretender modificar, limitar o extender las atribuciones que les son propias. En otras palabras, bastará que el Notario certifique el hecho de la asamblea y su contenido, con amplitud y sin limitarlo a un medio o soporte en particular.
POR TANTO, sobre la base de estos antecedentes, las y los parlamentarios firmantes presentamos el siguiente:

Proyecto de Ley

Artículo único: Agréguese un nuevo artículo segundo transitorio a la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, pasando el actual artículo transitorio a ser primero, en el siguiente tenor:
“Artículo Segundo Transitorio: Mientras se mantenga la declaración de estado de catástrofe, y hasta seis meses después del cese de tal declaración, la celebración de las asambleas de copropietarios ordinarias o extraordinarias a que se refieran los respectivos reglamentos de copropiedad, las leyes o sus reglamentos, podrá tener lugar por medios telemáticos que garanticen la identificación y participación simultánea de los copropietarios. En el evento que los respectivos reglamentos de copropiedad, las leyes o sus reglamentos, exijan alguna certificación notarial con relación a tales asambleas, ésta podrá efectuarse respecto del soporte digital o electrónico en que conste su realización y contenido.”

Proyecto de Ley: Copropiedad Inmobiliaria [Boletín 11540-14]

Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
Sesión de 22 de junio de 2020

La sesión tiene por objeto continuar con la votación particular del proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, boletín 11.540 -14, con urgencia calificada de suma.

Asambleas en Condominios

Todo lo concerniente a la administración del condominio debe ser resuelto por los copropietarios reunidos en asamblea, o mediante consulta por escrito, ambas situaciones están sujeta a una serie de formalidades y dificultades que explicaremos a continuación, acompañando un sistema de votación que simplifica la exigencia de la ley de copropiedad inmobiliaria respecto de la votación efectuada con porcentaje de derechos en el condominio.

1.- Citación De Asamblea De Copropietarios:
1.1.- ¿Quién Realiza La Citación?:
La citación debe ser realizada por el Comité de Administración, a través de su presidente, o en su defecto, el administrador.

1.2.- ¿De Qué Forma Se Realiza La Citación?:
Se efectúa personalmente o mediante carta certificada.

1.3.- ¿Dónde Se Envía La Citación?:
La citación debe enviarse al domicilio registrado para estos efectos en la oficina de la administración.

1.4.- ¿Con Que Anticipación Se Envía La Citación?:
Debe enviarse con una anticipación mínima de cinco días y que no exceda de quince.

2.- Asamblea De Copropietarios:
2.1.- ¿Dónde Se Realiza La Asamblea?:
La Asamblea de Copropietarios debe llevarse a cabo en el condominio, salvo que la asamblea o el Comité de Administración acuerden otro lugar, el que de todas formas deberá estar situado en la misma comuna.

2.2.- ¿Qué Tipos De Asambleas O Sistemas De Votación Establece La Ley De Copropiedad?:
2.2.1.- Asamblea Ordinaria:
Se celebran a lo menos una vez al año, podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses de los copropietarios y adoptarse los acuerdos correspondientes, salvo los que sean materia de sesiones extraordinarias. Se puede desarrollar en dos citaciones, separadas por un lapso no inferior a media hora ni superior a seis horas.

2.2.2.-Asamblea Extraordinaria:
Tendrán lugar cada vez que lo exijan las necesidades del condominio, o a petición del Comité de Administración o de los copropietarios que representen, a lo menos, el quince por ciento de los derechos en el condominio. Se puede desarrollar en dos citaciones, separadas por un lapso no inferior a cinco ni superior a quince días.

Las siguientes materias sólo podrán tratarse en sesiones extraordinarias de la asamblea:

Modificación del reglamento de copropiedad.
Enajenación o arrendamiento de bienes de dominio común, o la constitución de gravámenes sobre ellos.
Reconstrucción o demolición del condominio.
Petición a la Dirección de Obras Municipales para que se deje sin efecto la declaración que acogió el condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria, o su modificación.
Delegación de facultades al Comité de Administración.
Remoción parcial o total de los miembros del Comité de Administración.
Gastos o inversiones extraordinarios que excedan, en un período de doce meses, el equivalente a seis cuotas de gastos comunes ordinarios del total del condominio.
Administración conjunta de dos o más condominios de conformidad al artículo 26, y establecimiento de subadministraciones en un mismo condominio.
Programas de autofinanciamiento de los condominios, y asociaciones con terceros para estos efectos.
Cambio de destino de las unidades del condominio.
Constitución de derechos de uso y goce exclusivos de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios, u otras formas de aprovechamiento de los bienes de dominio común.
Obras de alteración o ampliaciones del condominio o sus unidades.
Construcciones en los bienes comunes, alteraciones y cambios de destino de dichos bienes, incluso de aquellos asignados en uso y goce exclusivo.
2.2.3.- Consulta Por Escrito:
Podrán ser objeto de consulta por escrito a los copropietarios, firmada por el presidente del Comité y por el Administrador del Condominio, todos los asuntos extraordinarios que establece el artículo 17 de la ley de copropiedad, excepto el número 1 cuando alteren los derechos en el condominio y en los números 2, 3, 4, 10, 11, 12 y 13. La consulta deberá ser acompañada de los antecedentes que faciliten su comprensión, junto con el proyecto de acuerdo correspondiente, para su aceptación o rechazo por los copropietarios. En caso de rechazo de la consulta ella no podrá renovarse antes de 6 meses.

2.3.- ¿Cuál Es El Quorum De Constitución Y Aprobación En Asambleas?
2.3.1.- Asamblea Ordinaria:
1) Primera citación:

Constitución: 60% de derechos en el condominio.

Aprobación: mayoría absoluta de los asistentes.

2) Segunda citación:

Constitución: Los que concurran.

Aprobación: mayoría absoluta de los asistentes.

2.3.2.-Asamblea Extraordinaria:
1) Primera citación:

Constitución: 80% de derechos en el condominio.

Aprobación: 75% de derechos asistentes.

2) Segunda citación:

Constitución: 60% de derechos en el condominio.

Aprobación: 75% de derechos asistentes.

2.3.3.- Consulta Por Escrito:
Aprobación: aceptación por escrito y firmada de los copropietarios que representen a lo menos el 75% de los derechos en el condominio.

2.3.4.-Excepciones:
1) Asuntos extraordinarios de 1 a 5 del Art. 17 Ley 19.537:

Constitución: 80% derechos en el condominio.

Votación: 75% derechos en el condominio.

2) Modificación de Reglamento con alteración del porcentaje de derechos de los copropietarios sobre los bienes de dominio común:

Constitución: 90% derechos en el condominio.

Votación: 85% derechos en el condominio.

2.4.- ¿Qué Ocurre Si No Se Logra El Quórum Para Sesionar O Adoptar Acuerdos?
El administrador o cualquier copropietario podrá ocurrir al juez conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley 19.537.

2.5.- ¿Cuándo Se Requiere La Asistencia De Un Notario?
Cuando se discuten las materias extraordinarias señaladas en números 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 17 de la Ley 19.537, en dicho caso el notario debe certificar el acta respectiva, en la que se dejará constancia de los quorums obtenidos en cada caso.

2.6.- ¿Cuándo Debe Existir Reducción A Escritura Pública O Protocolización?:
2.6.1.- Se Debe Reducir:
Si la naturaleza del acuerdo adoptado lo requiere. ART. 20 y/o la consulta por escrito aprobada. ART. 17.

2.6.2.- Se Debe Protocolizar:
Antecedentes de consulta por escrito. ART. 17.

2.7.- ¿Qué Se Requiere Para Votar?
2.7.1.- Ser copropietario hábil, salvo para materias en que ley exige unanimidad. Hábiles son aquellos que se encuentren al día en el pago de los gastos comunes. Se acredita mediante certificado expedido por el Administrador. ART. 2° N°6 y 20. Es obligación del copropietario asistir a las asambleas respectivas, personal o debidamente representado, según se establezca en el reglamento de copropiedad.

2.7.2.- Ser dueño, arrendatario u ocupante con poder para representar al copropietario, también puede existir un poder en contrato de arriendo u ocupación. El administrador no podrá representar a ningún copropietario en la asamblea.

3.- Particularidades En Viviendas Sociales:
Las viviendas sociales poseen las siguientes precisiones o excepciones:

3.1.- ¿Dónde Se Envía La Citación De Asamblea?:
En el caso de la vivienda social, al domicilio registrado en Secretaría Municipal.

3.2.- Quorum Diferenciado:
Las viviendas sociales poseen un quorum diferenciado de constitución y votación en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.

Constitución: 50% de derechos en el condominio.

Votación: 50% de derechos en el condominio.

3.3.- Consulta Por Escrito En Viviendas Sociales:
Las consultas por escrito en el caso de viviendas sociales requieren de un 50% de derecho en el condominio para obtener la aprobación. También podrán ser objeto de consulta por escrito las materias señaladas en los números 10, 11, 12 y 13.

4.- Sobre El Sistema De Votación Que Establece La Ley 19.537:
El voto en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de copropietarios, es proporcional al derecho del copropietario en los bienes de dominio común, es decir, cada unidad o departamento no vale un voto, sino el porcentaje que posee respecto de los bienes de dominio común, también denominado prorrateo.

Ejemplo:

Felipe es dueño de un departamento grande, con 2% de derechos.

Sandra es dueña de un departamento mediano, con 1% de derechos.

Osvaldo es dueño de un departamento pequeño, con 0.5% de derechos.

Se efectúa elección de Administrador, votando las 3 personas indicadas.

Felipe vota por Administrador “A” (1 voto), por su parte, Sandra y Osvaldo votan por el Administrador “B” (2 votos)

La figura errónea y normalmente utilizada por las comunidades de nuestro país, entendería como ganador al Administrador “B”, por cuanto posee 2 votos, a diferencia de “A”, que posee 1 sólo voto. Sin embargo, el voto de Felipe es mayor, puesto que posee un mayor porcentaje de derechos respecto de los bienes de dominio común, y en ese caso, la diferencia de votación es de 2% para “A” y 1,5% para “B”, por lo que el Administrador designado sería “A”, incluso aunque tenga un solo voto en vez de dos.

5.- Recomendación ARMIS:
Ajustarse a la normativa puede generar una cierta dificultad a la hora de tomar decisiones, al fin y al cabo, una votación mediante mano alzada es mucho más simple, por ello, nuestros abogados de ARMIS recomiendan el siguiente sistema de votación:

5.1.- Ingreso A La Reunión:
Antes del ingreso a la asamblea y al momento de verificar la morosidad, se debe entregar a cada copropietario o aquel que comparezca a su nombre, un voto en papel, agregando en el acto el porcentaje de derechos que posee dicha unidad.

Por ej. Felipe tiene 2% de derechos, por tanto, en el voto se indica que posee “2%”, es ideal que el voto tenga tantas opciones como decisiones se puedan tomar.

5.2.- Proceso De Votación:
Una vez planteadas las opciones de votación, se debe asignar un número o una letra a una opción, por ejemplo:

Administrador “A” es “UNO”
Administrador “B” es “DOS”
Al momento de votar, los que cuenten con un voto deben indicar su elección en el papel, escribiendo, por ejemplo “UNO”, dejando su voto en una urna o en un lugar visible.

5.3.- Conteo De Votos:
La revisión es muy simple, se debe tomar un voto y decir en voz alta el porcentaje de derechos, luego se incorpora en el listado que corresponda, finalmente, se suman todos los derechos de cada opción y se determina lo que la asamblea ha escogido.

5.4.- Documentación De Apoyo:
Acompañamos dos elementos que podrían ser útiles en la votación que debe llevar a cabo:

Votos para ser impresos:

Documento con votos para imprimir y recortar, cuenta con espacio para indicar el porcentaje de derechos y espacio para distintas decisiones que se deban tomar.

Multas en Condominios

La generación de conflictos en condominios donde coexisten multitud de costumbres y personalidades es inevitable. Con el objeto de enfrentar y solucionar dichos conflictos, la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria (la “Ley”) contempla diversas herramientas sancionatorias o disuasivas, no obstante, dada la vaguedad con que se expresa la Ley, su interpretación y aplicación a las situaciones prácticas, representa algunas dificultades.

Por ello, mediante la siguiente categorización, analizaremos la Ley y el Decreto N°46 que aprobó el Reglamento de la Ley (el “Reglamento”), en cuanto al establecimiento e imposición de multas. No debemos confundir el “Reglamento” de la Ley, con el Reglamento de Copropiedad (que denominaremos “Reglamento interno”), que debe poseer todo condominio sujeto a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.

1.- Antecedentes Previos:
1.1.- Establecimiento E Imposición:
Debemos distinguir entre dos conceptos indicados en La Ley: “establecer” e “imponer”:

El establecimiento se refiere a la fijación de multas que sanciona la contravención a las obligaciones establecidas en la Ley o el Reglamento Interno del Condominio, de ninguna manera pueden establecerse multas en una asamblea de copropietarios o mediante una reunión de comité.

Por su parte, la imposición se refiere a la aplicación de las multas, respecto del copropietario o infractor –según sea el caso- que incumpliese alguna obligación, cuya facultad posee el Comité de Administración y el Juzgado de Policía Local, según sea el caso.

1.2.- Multas En La Ley:
La Ley establece “obligaciones” y “multas” por contravenir a dichas obligaciones.

Las multas que establece la ley, pueden ser impuestas de dos maneras:

Las obligaciones establecidas en el artículo 32 de La Ley (que analizaremos más adelante), mediante sentencia del Juzgado de Policía Local a través de denuncia infraccional presentada por el Comité de Administración, el Administrador o cualquier persona afectada; el resto de obligaciones establecidas en La Ley, mediante sentencia del Juzgado de Policía Local a través de denuncia infraccional presentada por el administrador o cualquiera de los copropietarios del condominio.
Mediante decisión del Comité de Administración, siempre y cuando las multas establecidas en el Reglamento Interno se refieran expresamente a las obligaciones contempladas en la Ley.
1.3.- Multas En El Reglamento:
El reglamento puede establecer “obligaciones”, y “multas” por contravenir a dichas obligaciones y a las obligaciones establecidas en La Ley.

Las multas que establece el Reglamento Interno, deben ser impuestas necesariamente por el Comité de Administración.

2.- Multas Establecidas En La Ley:
La Ley establece Multas en forma expresa, indicando que las mismas pueden ser impuestas por el Comité de Administración siempre y cuando el Reglamento Interno del Condominio se refiera a las mismas (es decir, como si de multas del propio Reglamento se trataran), sin embargo, la Ley no señala expresamente quién debe imponer las multas establecidas en la Ley sin existir dicha mención.

Podríamos suponer que la normativa entrega dicha facultad al Juzgado de Policía Local, interpretando extensivamente lo indicado en el artículo 32 de la Ley, el cual señala “…pudiendo el tribunal elevar al doble su monto en caso de reincidencia”, lo mismo se entiende cuando la Ley indica que “Podrán denunciar estas infracciones, El Comité de Administración, el administrador o cualquier persona afectada”.

Sin perjuicio de ello, la Ley también señala que el Comité de Administración podrá imponer las multas “…a quienes infrinjan las obligaciones de esta ley…”. Por otro lado, la Ley señala que el Comité puede imponer las multas “contempladas” en el reglamento de copropiedad y, por tanto, no las “contempladas” en la Ley (cuyo análisis e imposición entenderemos será de competencia del Juzgado de Policía Local correspondiente).

En definitiva, la Ley es difusa. Podemos entender que las multas establecidas en la Ley sólo pueden ser aplicadas por el Juzgado de Policía Local. Lo anterior genera un nuevo problema, ¿puede el reglamento de copropiedad establecer multas iguales o similares a las establecidas en la Ley?; ¿las multas establecidas en la Ley debieran necesariamente ser alegadas ante el Juzgado de Policía Local?, preguntas que no podemos responder en base a la difusa calidad de nuestra normativa.

Todas las multas establecidas en la Ley, detalladas a continuación, ascienden a un monto de 1 a 3 UTM[1], pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.

2.1.- Libro De Actas Bajo El Cuidado Del Presidente Del Comité:
El artículo 20 de la Ley, en su inciso quinto, indica que el libro de actas debe quedar bajo el cuidado del presidente del Comité, y la infracción a esta obligación es sancionada con multa de 1 a 3 UTM, la cual se duplicará en caso de reincidencia.

2.2.- Ejercicio De Derechos Limitado:
El artículo 32 de la Ley establece una serie de limitaciones en el ejercicio de los derechos de los copropietarios, arrendatarios u ocupantes de una unidad de un condominio. De lo cual se extrae que no sólo es posible multar al propietario de una unidad, sino, que se puede multar al infractor, independiente de su calidad como ocupante de la unidad.

Señala el referido artículo que los copropietarios, arrendatarios u ocupantes a cualquier título de las unidades del condominio, deben ejercer sus derechos en el condominio sin restringir ni perturbar el legítimo ejercicio de los derechos de los demás ocupantes del condominio.

En consecuencia, las unidades deben ser usadas en forma ordenada y tranquila y no podrán:

hacerse servir para otros objetos que los establecidos en el reglamento de copropiedad o, en el silencio de éste, a aquellos que el condominio esté destinado según los planos aprobados por la Dirección de Obras Municipales;
ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los copropietarios;
comprometer la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio o de sus unidades;
provocar ruidos en las horas que ordinariamente se destinan al descanso; y/o
almacenar en las unidades materias que puedan dañar las otras unidades del condominio o los bienes comunes.
La infracción a lo prevenido en el citado artículo puede ser sancionada con multas de 1 a 3 UTM, pudiendo el tribunal competente elevar su monto al doble en caso de reincidencia. Se entiende que hay reincidencia cuando se comete la misma infracción, aunque afecte a personas diversas, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la resolución del juez de policía local que condene al pago de la primera multa.

Estas infracciones podrán ser denunciadas por (i) el Comité de Administración; (ii) el administrador; o (iii) cualquier persona afectada, dentro de los 3 meses siguientes a su ocurrencia. Lo anterior, es sin perjuicio de las indemnizaciones que establece el derecho común.

La administración del condominio puede dar a conocer a la comunidad los reclamos correspondientes por este tipo de infracciones a través de circulares, avisos u otros medios.

Son responsables, solidariamente, del pago de las multas e indemnizaciones por infracción a las obligaciones del citado artículo, el infractor y el propietario de la respectiva unidad, sin perjuicio del derecho de este último de pedir posteriormente el reembolso de lo pagado al infractor.

2.3.- Obligación Del Administrador De Poner A Disposición Del Juzgado De Policía Local La Nómina De Copropietarios Del Condominio:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 33 letra b) de la Ley, el Juzgado de Policía Local puede exigir al administrador del condominio, poner a disposición del tribunal la nómina de copropietarios del condominio. Si no lo hiciere, se le aplicará una multa de 1 a 3 UTM, monto que será doblado en caso de reincidencia (entendiendo la reincidencia bajo las mismas condiciones indicadas en la sección anterior).

La obligación del administrador antes indicada se origina en un contexto de controversia entre copropietarios o entre un copropietario y el administrador, dentro del cual el juez competente puede citar a asamblea de copropietarios, si el administrador o el presidente del Comité de Administración no lo hiciere. La citación a dicha asamblea debe ser notificada mediante carta certificada (sujetándose a lo previsto en el inciso primero del artículo 18 de Ley), para lo cual, el administrador, a requerimiento del juez, deberá poner a disposición del tribunal la nómina de copropietarios, dentro de los 5 días siguientes desde que le fue solicitada.

2.4.- Obligación Del Administrador De Rendir Cuentas Por Decisión Del Juzgado De Policía Local:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 33 letra c), el juez del Juzgado de Policía Local respectivo tiene la facultad de exigir al administrador que someta las rendiciones de cuentas a la aprobación de la asamblea de copropietarios, fijándole plazo para ello. En caso de infracción, se le aplicará a dicho administrador una multa de 1 a 3 UTM, con riesgo de doblar el monto en caso de reincidencia.

2.5.- Protocolización De Documentos Y Copia En Registro Municipal En Caso De Viviendas Sociales:
Conforme lo establece el artículo 44 de la Ley, los siguientes documentos deberán quedar bajo la custodia del presidente del Comité de Administración:

El reglamento de copropiedad en los condominios de viviendas sociales;
Las actas que contengan modificaciones de dichos reglamentos;
La nómina de los miembros del Comité de Administración; y
La designación del administrador y sus direcciones.
Asimismo, el presidente del comité tiene las siguientes obligaciones:

Protocolizar estos documentos en una Notaría (a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho o decisión que los motiva);
Dejar copia de la protocolización en el archivo de documentos del condominio; y
Dejar copia de la protocolización en el registro municipal de la Municipalidad respectiva.
La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa de 1 a 3 UTM, la que se duplicará en caso de reincidencia.

3.- Multas Establecidas En El Reglamento De Copropiedad:
3.1.- Establecimiento E Imposición:
Todo condominio sujeto a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria debe contar con un Reglamento de Copropiedad, que posee dentro de sus objetos “Establecer lo concerniente a (…) las multas por incumplimiento de obligaciones”, denominamos a este Reglamento de Copropiedad “Reglamento Interno”, haciendo presente que el único Reglamento que puede establecer multas es el aludido, no pudiendo existir un segundo “Reglamento” creado por el Comité de Administración, por la Administración e inclusive por la Asamblea de Copropietarios, que contemple multas no indicas en el Reglamento de Copropiedad.

Los copropietarios de un condominio pueden infringir las obligaciones que establece la Ley o aquellas establecidas en el Reglamento de Copropiedad del condominio. Las multas por infracción a dichas obligaciones, sólo pueden estar establecidas en el Reglamento de Copropiedad. Cabe hacer presente que el artículo 21 de la Ley de Copropiedad establece que “El Comité de Administración podrá también dictar normas que faciliten el buen orden y administración del condominio, como asimismo imponer las multas que estuvieren contempladas en el reglamento de copropiedad, a quienes infrinjan las obligaciones de esta ley y del reglamento de copropiedad”, añadiendo la posibilidad de dictar normas directamente al Comité de Administración, sin embargo, se debe considerar que dichas normas no constituyen obligaciones sujetas a multas, sino solamente la posibilidad de establecer lineamientos para la comunidad, es decir, no es posible multar en virtud de dichas normas, de hecho, la ley indica expresamente que el Comité solo puede “imponer” las multas contempladas en el Reglamento de Copropiedad.

Respecto de la imposición de las multas, el Comité de Administración es quien detenta dicha facultad.

¿cómo establecer multas si no están indicadas en el reglamento?

Para esto, necesariamente se deberá realizar una modificación del reglamento de copropiedad del condominio, cumpliendo con todos los requisitos que la Ley y su Reglamento establece para dicho efecto. Cabe hacer presente que ARMIS, especialista en asuntos legales de condominios, a través de sus planes, promueven y realizan la gestión completa de modificación de reglamentos de copropiedad de condominios, generando mejores herramientas para la administración y el comité. Para mayor detalle, revisar nuestros planes en https://armis.cl/plan.

4.- Preguntas Y Respuestas:
4.1.- ¿Dónde Se Dirigen Los Dineros Recaudados Mediante La Imposición De Una Multa?:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley, el fondo común de reserva se incrementará “con el producto de las multas e intereses que deban pagar, en su caso, los copropietarios…”, por tanto, el dinero recaudado en virtud del cobro de las multas, incrementará el fondo común de reserva.

En consecuencia, el dinero recaudado por multas no podrá utilizarse con otros fines, salvo que el reglamento de copropiedad del condominio establezca lo contrario. A nuestro juicio, dicho enunciado tiene como finalidad evitar la imposición de multas en búsqueda de recaudación de dinero para asuntos específicos.

4.2.- ¿La Multa Constituye Gasto Común?
La Ley no regula de ninguna forma cómo debe hacerse el cobro de la multa, sin embargo, sí establece en su artículo cuarto lo que constituye un gasto común (básicamente gastos de administración, mantenimiento, reparación, de uso y consumo), además de los gastos comunes extraordinarios. Sin embargo, nada dice respecto del cobro de multas.

Por tanto, si bien las multas pueden ser cobradas conjuntamente con el gasto común, por un tema práctico, estas no constituyen “gasto común”. En consecuencia, el incumplimiento de pago de una multa no podrá ser considerado como deuda para el inicio del proceso de corte de luz establecido en la Ley o en el caso de accionarse civilmente un cobro de gasto común.

Tampoco se establece un plazo o procedimiento para hacer efectivo el cobro, siendo necesario que el establecimiento de una multa en el Reglamento de Copropiedad esté acompañado de un correcto procedimiento para su aplicación.

4.3.- ¿Quién Puede Establecer Las Multas En Un Condominio?:
Sólo el reglamento de copropiedad puede establecer multas, no puede hacerlo la asamblea ni el comité mediante reuniones válidamente constituidas. La única forma de modificar, crear o eliminar nuevas multas, es mediante la modificación del reglamento de copropiedad.

4.4.- ¿Quién Puede Imponer Las Multas En Un Condominio?:
Sólo el Comité de Administración, salvo que el reglamento de copropiedad del condominio establezca que también puede hacerlo la administración.

4.5.- ¿Pueden Establecerse Multas A Través De Un “Reglamento Interno” Distinto Del Reglamento De Copropiedad?:
No, de ninguna manera. Sólo se pueden establecer a través del reglamento de copropiedad del condominio.

[1] UTM: $47.729 para el mes de agosto, de acuerdo a lo publicado en la página web del Servicio de Impuestos Internos. http://www.sii.cl/valores_y_fechas/utm/utm2018.htm

Carta abierta a las autoridades | COVID-19

El medio de las comunidades se configura por aquellos servicios esenciales para su subsistencia, siendo liderado por importantes actores del rubro de la administración como asociaciones gremiales o entidades de difusión. Hoy, nos vemos enfrentados a una situación excepcional de Pandemia, requiriendo de medidas excepcionales para enfrentarla, y en ese contexto se reúnen importantes actores del medio, como el programa «Hablemos de copropiedad», el primer programa radial de Chile que aborda en profundidad el tema de los Edificios y condominios; CGAI Chile, Colegio de Administradores de edificios y condominios de Chile A.G.; y AGACECH, Asociación Gremial de Administradores de condominios y edificios de Chile, junto con nuestro Estudio Jurídico ARMIS Soluciones Legales, a fin de dar cuenta a las autoridades de un problema que aqueja a las comunidades de nuestro país y que podría configurar -en el corto plazo- graves situaciones de salubridad. Sin más que aportar, dejo en sus manos una carta abierta a las autoridades, configurada en el contexto de Covid-19.

Señor Jaime Mañalich
Ministro de Salud
Gobierno de Chile
Presente

El numerando 11, artículo 26, del Decreto 46, que reglamenta la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, establece como función de la Administración de un condominio el precaver la ocurrencia de accidentes y resguardar la integridad personal de los copropietarios y sus familias, así como sus bienes, dentro del condominio. En ese contexto y dada la situación de pandemia que nos afecta, la función de precaver accidentes y resguardo de integridad es directamente proporcional a la existencia de un cuerpo de trabajadores que permitan mantener la salubridad de la comunidad, en una entidad cuya complejidad en el manejo de dicha salubridad es mucho mayor que en otro tipo de empresas o instituciones, cabe indicar que -según los Indicadores de Sustentabilidad Urbana de CEDEUS- un chileno produce en promedio 1,3 kg de basura diaria, por ejemplo, en un edificio de 200 departamentos a razón de 2 habitantes promedio por cada departamento, se está produciendo 520 kg de basura diaria en ese edificio, por lo cual, se hace necesario contar con Auxiliares de Aseo para el traslado y disposición de esa basura, así como la limpieza y sanitización de áreas comunes.

De acuerdo con lo indicado y en virtud de nuestra relevante posición en el medio de la administración de condominios, hacemos presente a las autoridades que la función de auxiliares de aseo en una comunidad debiera ser considerada esencial, a fin de resguardar la integridad y salubridad de la comunidad.

Lamentablemente, pese a la evidente importancia que poseen los trabajadores de aseo que sostienen los más de 40.000 condominios que existen en nuestro país, hemos visto con preocupación como las autoridades han omitido su esencialidad, prohibiendo la realización de su trabajo en periodo de cuarentena y generando un perjuicio que afectará a las comunidades en el máximo elemento de resguardo en los tiempos que corren, la salubridad de nuestra población.

A mayor abundamiento, podemos ver la contradicción generada por distintas instituciones, por cuanto los siguientes instructivos o protocolos dejan claro que las funciones detalladas no pueden ser realizadas por conserjes o residentes de una comunidad, constituyéndose la figura de “auxiliar de aseo” como una parte esencial en el control de una pandemia, sin embargo, finalmente la autorización se efectúa sólo a conserjes o trabajadores de seguridad:

En efecto, el Ministerio de Salud publicó el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes – covid-19 en el mes de Marzo 2020. Este protocolo tiene como propósito proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud). La naturaleza del protocolo se ajusta a la realidad de los condominios de Chile, toda vez que no debemos olvidar que los conserjes son trabajadores de los condominios y, por lo tanto, su lugar de trabajo se extiende a todas las áreas comunes, las cuales a la fecha no han podido ser mantenidas de la manera correcta, afectando eventualmente la salud del trabajador.
Igualmente, con fecha 30 de Marzo de 2020, a través de la Subsecretaria del Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, se publica la Guía Operativa y de Buenas Prácticas para el Hogar Emergencia Sanitaria de Covid – 19, detallando claramente cómo debe reaccionar los administradores, conserjes, auxiliares de aseo y residentes, indicando las medidas a tomar en un condominio para la prevención de contagios del Covid 19, precisando lo siguiente respecto del personal de aseo:
“I. PRECAUCIONES GENERALES PARA EDIFICIOS Y CONDOMINIOS

Personal de Aseo
Reforzar la rutina de limpieza.
Mejorar la calidad de productos de limpieza y contar con stock suficiente.
Limpiar diariamente con cloro o desinfectante los pisos y una vez por turno, atomizar manillas de puertas de acceso, manillas de salas comunes, interruptores, botones de ascensores (internos y externos), pasamanos, citófono, teléfonos, mouse y teclado del computador. Cualquier dispositivo que tenga contacto con las manos.
Atomizar espacios donde haya concentración de personas, como los ascensores. Rociar frecuentemente desinfectante.
Limpiar regularmente los filtros de ventilación.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
Administración, Conserjes y Personal de Aseo
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.
La basura generada diariamente debe almacenarse en contenedor con tapa debidamente señalizado y ubicado en el área destinada para ello. Este contenedor será transportado al espacio determinado para su acopio hasta ser retirado por el camión recolector los días establecidos.
El contenedor se lavará cada 3 días con agua, desinfectante y detergente en la zona destinada para estos efectos.
Asegurar que las bolsas de residuos están cerradas adecuadamente y atadas con un nudo de globo para que no goteen antes de ser transportadas.
Dichas bolsas deberán guardarse en un contenedor con una tapa segura.”
Pese a lo indicado y la esencialidad de contar con auxiliares de aseo, demostrada en la documentación generada por el propio Gobierno, sólo los Conserjes han sido considerados esenciales en el periodo de cuarentena y así se manifiesta en distintos instructivos también generados por las propias instituciones:

De acuerdo con lo que indica el Plan de Acción Covid 19 en su “Manual Cuarentena Total Preguntas y Respuestas”, actualizado al 15 de mayo de 2020, en la pregunta N°9 referente a los Conserjes: “Los conserjes son considerados funcionarios que también prestan mucho apoyo desde la perspectiva de la seguridad, por lo que pueden hacerlo. Para ello, deben presentar su contrato de trabajo o un certificado emitido por el condominio, más su cédula de identidad.”, considerando sólo a los conserjes como servicio esencial.
A su vez, se establece en el Instructivo para Permisos de Desplazamiento actualizado con fecha 15 de Mayo de 2020, el listado de autorizaciones para cuarentena territorial y cordones sanitarios, para este caso, se menciona en el ítem N°7 Seguridad lo siguiente: “a) Conserjes y funcionarios de seguridad ya sean de edificios, condominios y otro tipo de propiedades. b) Empresas de seguridad, recursos tecnológicos y relacionadas sin credencial de la OS10 de Carabineros de Chile.”, ratificándose la autorización de trabajo para conserjes en condominios, sin embargo, en el ítem N°3 sobre Servicios de Utilidad Pública, Letra I, se añade al listado: “Trabajadores de empresas recolectoras de basura, de transporte de residuos, fosas sépticas, rellenos sanitarios, limpieza y lavado de áreas públicas y personal contratado por empresas e instituciones que transporten y procesen materiales reciclables, embalajes y envases.”, omitiéndose la necesidad de trabajadores de aseo en comunidades.
De acuerdo con lo indicado, sólo los conserjes podrían ejercer funciones en periodo de pandemia, sin embargo, debemos recordar que su función se basa en resguardar la seguridad de los propietarios, es decir, realizar control de acceso, monitorear cámaras de seguridad, realizar rondas en las áreas comunes, entre otros, pero no son encargados de realizar la limpieza en áreas comunes de los condominios. En ese contexto, sólo los residentes de las comunidades podrían hacerse cargo de la situación sanitaria de cada comunidad, sin embargo, no se encuentran capacitados para mantener una correcta situación de salubridad, pudiendo expandir el contagio en familiares o residentes al manipular la basura de manera incorrecta, además de no contar con seguros o protección legal en caso de existir algún tipo de accidente producto de las funciones improvisadas.

Por tanto, en virtud de los argumentos indicados, solicitamos que la Autoridad Sanitaria se pronuncie sobre el servicio esencial de Auxiliares de Aseo en los condominios de Chile, modificando el Decreto 133 del año 2020 del Ministerio de Hacienda, estableciendo expresamente a los auxiliares de aseo de condominios como una actividad autorizada. Si queremos disminuir el contagio de los residentes de nuestras comunidades, estamos seguros de que la mejor manera será enfatizando en la limpieza y sanitización de las áreas comunes a través de las personas idóneas en este tema como lo son los Auxiliares de Aseo.

Atentamente,

Formulario de Contacto